La decisión del Gobierno de negar el indulto solicitado por y para Hernández Mateo, cierra un proceso judicial que aunque se abrió el 7 de Enero de 2007 con la denuncia presentada por Los Verdes en los Juzgados de Torrevieja, venía de mucho más atrás, en concreto desde el año en que se produjo la prórroga del anterior contrato de las basuras adjudicado a la UTE NECSO-INUSA y el inicio de los trámites para sacar a licitación pública la adjudicación del nuevo contrato en el año 2003.

El procedimiento de adjudicación de este millonario contrato, suscrito inicialmente por 10 años y por un importe de 143 millones de Euros (23.796 millones de las antiguas pesetas), según consta en el informe aportado por el economista municipal, se disparó posteriormente tras las modificaciones pactadas hasta rozar los casi 200 millones de Euros (33.277 millones de pesetas).

Esta considerable suma, que excede con creces dos años del presupuesto municipal actual del Ayuntamiento, y la importancia del servicio que se adjudicaba, requería que se hiciese un estrecho seguimiento en cada uno de sus movimientos. Así lo entendimos desde Los Verdes desde el primer momento, fiscalizando con lupa todo el expediente y el procedimiento, pese a la obstrucción sistemática que como siempre viene poniendo el P.P. a las labores de control de la oposición.

Curiosamente, el partido mayoritario de la oposición, en aquel entonces, avaló con su voto las decisiones del P.P. ligadas al amaño de la adjudicación, primero en las instancias municipales y después, sirviendo como base argumental de la defensa de Hernández Mateo, en sede judicial.

Inicialmente centramos nuestras denuncias en el incumplimiento del contrato y del pliego de condiciones que supuso la apertura sin licencia ni autorización administrativa de las instalaciones de la sede central y de la planta de transferencia de basuras en la carretera de La Marquesa, denunciando los hechos ante el propio Ayuntamiento, el Seprona, la Consellería, el Ministerio y la Fiscalía, que inexplicablemente archivó las dos denuncias presentadas.

Posteriormente y tras examinar de nuevo el expediente, pudimos constatar en más de 100 sentencias, que el despacho de abogados ARIÑO Y ASOCIADOS, elegido para decidir la adjudicación, y el abogado que redactó el informe, eran los letrados habituales de la mercantil NECSO, ahora ACCIONA, lo que motivó nuestra nueva denuncia judicial. Parecía más que evidente que se trataba de un vulgar aunque millonario amaño, lo cual se demostró fehacientemente con una instrucción de 6 años y la condena del TSJCV ratificada por el Tribunal Supremo.

La denegación del indulto viene avalada por la situación política que se vive en España en los actuales momentos, por el creciente rechazo ciudadano a la corrupción y por la necesaria demanda de regeneración que se le exige a los políticos, a los cargos públicos y al sistema democrático, pero todavía más por la considerable pérdida de apoyo electoral que han sufrido los dos grandes partidos tradicionales que desde la transición conforman lo que se ha acordado en llamar bipartidismo.

Es más que probable que el indulto se habría conseguido en el momento en que se produjo la Sentencia del TSJCV, en noviembre de 2012, como les fue concedida a muchos otros corruptos y delincuentes, pero han sido los resultados de las Elecciones Europeas los que han truncado las pretensiones de Hernández Mateo y de sus avalistas, cambiando radicalmente las anteriores prácticas del Gobierno y las pretensiones de los afectados.

Afortunadamente, hoy la sociedad civil pide ejemplaridad y exige a los políticos total rectitud y dedicación, y la figura del indulto no cabe en esa categoría, en especial para los delitos cometidos por un político que, además de cometerlo, miente y traiciona la confianza de la ciudadanía que te ha elegido para la defensa del interés general, respetando siempre las reglas del juego.

Por lo que a Los Verdes respecta, la investigación pudo haber ido mucho más allá, pidiendo responsabilidades a la totalidad de los actores del millonario pelotazo (políticos, empresas, abogados, funcionarios,…), pero los jueces que tramitaron las diligencias de investigación cerraron la posibilidad de ir más allá de la falsificación de documento público y de la prevaricación. Si se hubiera tirado del hilo que proponíamos, seguramente hubiéramos tenido noticias de los millones que posiblemente estén ahora a buen recaudo en alguna macrocaja de seguridad y podrían haber sido devueltos a las arcas públicas. Nadie se arriesga a pasar el mal trago de la entrada en la cárcel sólo para tener esa foto de recuerdo.

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