RECORTE WEB SUBIR-001La alta institución del Defensor del Pueblo da nuevamente la razón a los Verdes, forzando al Alcalde y al Equipo de Gobierno del Partido Popular a que facilite la información solicitada relativa a las retribuciones cobradas por Hernández Mateo en su condición de Alcalde de Torrevieja durante el anterior mandato municipal 2007/2011.

Tras varios meses de negativas y regateos, el actual Alcalde de Torrevieja se ha visto obligado a tener que dar la información solicitada por los Concejales de Los Verdes, algo tan simple y elemental como lo es la cuantía del dinero que anualmente se le abonaba a ese personaje por presidir los plenos, juntas de gobierno, de portavoces y comisiones informativas, con cargo al dinero público de las arcas municipales, y por lo tanto de los contribuyentes, lo que hace que dicha información sea pública y no pueda ocultarse a la opinión pública.

El interés del P.P. por mantener en secreto esta información podría explicarse por el efecto multiplicador que la cuantía de estas retribuciones generan sobre el total de ingresos del exAlcalde, ya que a las mismas habría que sumar las que percibía como Diputado Autonómico, y las indemnizaciones por pertenecer a otros organismos y empresas públicas. Todo ello además de las que pudiera percibir por los beneficios de la empresa que figura en su declaración de bienes y causas de posible incompatibilidad. Vamos, todo un chollo con cargo al dinero de los contribuyentes, precisamente en los momentos más duros de la crisis cuando millones de familias sufrían sus más nefastos efectos (pérdida de empleo y vivienda, recortes, deshaucios, etc.).

Todas y cada una de las motivaciones manifestadas por el actual Alcalde han sido desestimadas por la institución del Defensor del Pueblo, que ha defendido la petición de Los Verdes como justa, legal y razonable, y fundamentándola como un derecho constitucional, tragándose únicamente la mentira de que podría verse afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos porque se trataría de peticiones masivas que podrían dar lugar a un entorpecimiento de la eficacia de los servicios de la contabilidad municipal, ya que se extenderían al examen diario de todos los pagos realizados durante muchos años.

Una rotunda falsedad, pues hace escasos meses se nos facilitó con absoluta normalidad la misma información, referida a lo que cobran por asistencias todos los concejales que en la actualidad no disponen de dedicación exclusiva (mandato municipal 2011/2015), no poniendo ninguna pega en dicho momento para facilitar la información solicitada, salvo los inexcusables retrasos.

Nada menos que un año y cuatro meses (16 meses) para facilitar una información a la que tenemos derecho y que según le ley no tenemos por qué justificar puesto que la razón de la petición de información se entiende implícita en el ejercicio de nuestras funciones de fiscalización de los órganos de gobierno municipal, no pudiendo el Alcalde aducir para negarla que va más allá de las funciones propias de nuestro cargo.

Del mismo modo no se puede negar la información argumentando que existe colisión con el derecho a la intimidad de la persona afectada que ostentó la condición de Alcalde hace ahora 3 años, ya que ni la L.R.B.R.L. ni el R.O.F. establecen limitación alguna para denegar el acceso a la información municipal cuando esta afecte al ámbito de la privacidad de las personas, ya que la confrontación del derecho a la intimidad reconocido en el Art. 18 de la Constitución y el derecho a la información como reflejo del derecho a la participación en los asuntos públicos del Art. 23.2 de la misma, se ha resuelto siempre a favor de este último, especialmente cuando se trata de hechos ocurridos en el ejercicio de un cargo público y que tienen su reflejo en documentos contables o de otro carácter, que por tanto, pueden ser objeto de control durante y después de haberse realizado. Se debe permitir que un concejal acceda a la información municipal de los datos de las personas que de una u otra forma se han relacionado con el Ayuntamiento.

Tras este concluyente documento del Defensor del Pueblo, el actual Alcalde no ha tenido más remedio que autorizar el acceso a los libros y archivos contables donde figura la documentación de los pagos para que puedan ser localizados y examinados de forma individualizada los datos solicitados por los Concejales de Los Verdes.

Como ya hemos demostrado hasta la saciedad, cuando quienes gobiernan abusan de su autoridad, como viene pasando en Torrevieja desde hace ya muchos años, los derechos hay que ganarlos y defenderlos todos los días, y en esa barricada vamos a seguir luchando, tanto desde el grupo municipal de Los Verdes como desde el partido político que lo sustenta, no dando ninguna batalla por perdida, redoblando nuestro compromiso con los ciudadanos en defensa de las libertades democráticas y de la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población. Si eso pasa por tener que dar una información relevante casi año y medio después de solicitarla, lo haremos.

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