La reciente condena del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Elche, recaída contra el Ayuntamiento de Torrevieja por no atender el Alcalde y su Equipo de Gobierno la demanda planteada por una empleada municipal en situación de baja por I.L.T., pone de manifiesto la total falta de sensibilidad y la práctica de la doble moral que viene caracterizando el comportamiento de gran parte de la derechona española.

No atender la demanda planteada por los graves problemas que podrían derivarse de un embarazo de alto riesgo, viniendo a considerarlo como una simple enfermedad común, aplicando sobre la afectada todos los recortes y limitaciones salariales con los que en la actualidad se penaliza la desgracia de estar enfermo, y por otro lado perseguir el aborto como un delito, aplicando los más reaccionarios criterios ideológicos es de un cinismo y de una desvergüenza descomunal.

La práctica de esta doble moral utiliza dos distintas varas de medir. Por un lado apretando las tuercas para reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por otro haciéndonos retroceder en el tiempo con leyes como la que pretenden aprobar para que las mujeres no puedan abortar respetando el marco legal vigente.

Ese es el verdadero interés por la vida que tiene el P.P. Negar a las mujeres su derecho a abortar libremente cuando se permiten situaciones límite por no atender adecuadamente a mujeres en situación de embarazo a las que se les castiga aplicándoles los recortes en prestaciones y salarios, mientras se hace la vista gorda ante la situación de hambre que sufren decenas de miles de niños
desnutridos y mal alimentados cuyas familias no disponen de renta suficiente por encontrarse al borde de la indigencia, teniendo que asumir la solidaridad ciudadana la responsabilidad de atenderlos mientras los gobiernos del P.P. miran para otro lado.

Por aplicar esta nefasta política contra los derechos de las trabajadoras municipales los contribuyentes habrán de hacerse cargo de unos costes que superan los 6.000 Euros, ya que como es habitual, el Alcalde y los distinguidos componentes de su Equipo de Gobierno no van a asumir el pago de sus errores y meteduras de pata, teniendo que asumir el pago del importe de 3.000 Euros en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, 1.147,33 € por salarios impagados, 1.245,17 € por las costas procesales y la cantidad que resulte de aplicar a esas cantidades los intereses de demora.

Los Verdes exigen mayor rigor y respeto en la gestión de las bajas del personal municipal, pues no se trata sólo de números y de estadísticas como se pretende desde el Gobierno del P.P. que preside Mariano Rajoy, sino de personas que se han visto afectadas por la desgracia de sufrir las negativas consecuencias de una dolencia o enfermedad que por su situación merecen todo nuestro respeto y solidaridad.

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